¿Qué es la Ley de Nietos?
La llamada “Ley de Nietos” es la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática española (2022) que permite a hijos y nietos de españoles en el exterior obtener la nacionalidad de origen sin residir en España.
La Ley de Memoria Democrática (oficialmente Ley 20/2022) representó una ventana histórica excepcional para la diáspora española, flexibilizando los requisitos de acceso a la ciudadanía por descendencia.
Los tres supuestos clave de acceso
La ley estructuró las solicitudes en tres grupos específicos según la situación familiar:
- Anexo I (Hijos y nietos de españoles originarios): Dirigido a nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originalmente españoles. Incluyó de forma central a los descendientes de exiliados que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.
- Anexo II (Madres españolas exiliadas): Reparó una discriminación histórica. Permitió optar a la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron su ciudadanía al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
- Anexo III (Hijos mayores de edad): Dirigido a las personas cuyos padres obtuvieron la nacionalidad española gracias a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 o mediante la presente ley.
Ventajas únicas del proceso
A diferencia de los trámites ordinarios del Código Civil, esta ley ofreció facilidades administrativas sin precedentes:
- Sin residencia obligatoria: No requería que el interesado viviera ni un solo día en territorio español.
- Nacionalidad de origen: Concedió la nacionalidad “de origen”, la cual es permanente y transmite el derecho directamente a los hijos menores de edad.
- Sin exámenes culturales: Eximió a los solicitantes de realizar las pruebas de idioma (DELE) y de conocimientos socioculturales (CCSE) que se exigen para la nacionalidad por residencia.
Posición de los partidos políticos respecto a la “Ley de Nietos”
La posición de los partidos políticos respecto a la “Ley de Nietos” divide profundamente al bloque del Gobierno frente al de la oposición, en un tenso debate centrado en la reparación histórica y el impacto en el censo electoral (CERA) para las próximas elecciones generales.
El Bloque de Izquierdas (Gobierno) parte de la premisa de Justicia y reparación, mientras que el Bloque de Derechas (Oposición) lo ve como Ingeniería electoral.
🌹 PSOE y Sumar (Gobierno de coalición)
Defienden la norma firmemente argumentando que se trata de un acto estricto de justicia social, moral y reparación histórica hacia los descendientes de quienes sufrieron el exilio por la dictadura franquista.
El Ejecutivo reivindica la transparencia del proceso de nacionalización gestionado por el cuerpo consular. Acusan a la oposición de ser irresponsables y de adoptar discursos de ultraderecha por sembrar sospechas injustificadas de fraude o pucherazo sobre el sistema electoral español, considerado uno de los más seguros del mundo.
💧 Partido Popular (PP)
La postura del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un giro crítico hacia la norma, a la que califica como una herramienta de ingeniería electoral diseñada por el Gobierno para fabricar votantes en el extranjero de cara al cierre de la legislatura.
El PP denuncia una presunta opacidad y alerta de que la irrupción masiva de nuevos votantes en el CERA puede desequilibrar los escaños de las provincias pequeñas de la España vaciada (como Lugo, Zamora o Ávila), donde los diputados se deciden por márgenes mínimos de votos.
Esta posición nacional choca frontalmente con el historial del PP en regiones con alta emigración (como el PP de Galicia), que históricamente ha defendido el derecho al voto de los descendientes. De hecho, el propio programa electoral nacional del PP en 2023 se comprometía textualmente a mantener y reformar el derecho de opción a la nacionalidad de los nietos.
🥦 Vox
Mantiene la postura más beligerante del arco parlamentario, calificando abiertamente el aumento del censo exterior como un intento de fraude electoral.
El partido ha redoblado su ofensiva mezclando políticamente la Ley de Nietos con los procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes en España para agitar la desconfianza ciudadana.
Han llegado a solicitar ante la Junta Electoral Central (JEC) medidas restrictivas, pidiendo incluso que se prive temporalmente del derecho a votar por correo a los españoles residentes en el extranjero.
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